Llueven derechos de autor sobre un embalse con doble desagüe. Caen entre 300 y 350 millones de euros al año directos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de los que una parte, en lugar de llegar a los creadores, se escapa hacia el exterior por dos grietas: la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial tecnológica de SGAE, y Arteria (antigua Iberautor), que gestiona la red de teatros del grupo. Por la primera se llegan a marchar tres millones de euros anuales. Por la segunda, unos 10 millones por ejercicio.
Nadie ve nada, nadie hace nada. Hasta que la Guardia Civil entra, el pasado 1 de julio, en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, en el marco de la Operación Saga, que dirige el juez Pablo Ruz. Los nervios se tensan, las lenguas se sueltan. Todos sorprendidos, dicen y, al final, todos víctimas y un indignado: José Ramón Márquez Martínez, Ramoncín. Avisó de que denunciaría a la SGAE si hubo desvío de dinero, pero también a todo aquel al que se le ocurriese señalarlo.
Dejó la junta directiva de la SGAE en 2007, como él mismo recuerda una y otra vez y como se destaca, en rojo y con letras de bastante mayor tamaño que el resto, en la biografía que cuelga de su web oficial. En aquel verano, tras haber sufrido episodios como la entrada de un grupo de personas en la sede de Longoria con caretas que llevaban su rostro, Ramoncín anuncia que se va, o casi.
Las cuentas le señalan
Se va de la junta directiva de la SGAE. Nada dice de su pertenencia a los consejos de administración de SDAE y Arteria, en los que seguía sentado en 2009, últimas cuentas entregadas al registro mercantil.
Ramoncín, el hombre que se preguntaba en la revista RollingStone hace unas semanas cómo era posible que hubiera sucedido esto en la SGAE, ha tenido durante todos estos años en su mano no uno sino los dos tapones de los desagües. Igual que los demás que se sentaban con él en el Consejo , ya que, como los propios informes recuerdan, “en cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración” es quien “formula las cuentas”.
Si miró lo que firmaba, Ramoncín tuvo que ver languidecer a SDAE y Arteria, consumidas por las pérdidas a las que les abocaban los servicios, que contrataban a empresas ajenas al grupo. Contratos con firmas del entorno de algunos de los directivos de SGAE y SDAE, como José Luis Rodríguez Neri, imputado ahora por el juez Ruz. Debió ver las constantes inyecciones de capital desde SGAE para reequilibrar las compañías que él representaba (SDAE y Arteria). Dinero que nunca era bastante, porque se volvía a fugar en forma de servicios exteriores. Y debió notar que SDAE pasaba de contratar por menos de un millón de euros, hasta el año 2007, a triplicar esa cantidad, gastando alrededor de tres millones al año siguiente y otro tanto en 2009, que iban a parar mayoritariamente a Microgénesis, sociedad controlada por el entorno de Neri.
Ramoncín podría haberse extrañado de que SDAE comprase un edificio por 5,45 millones en 2006, hipotecándose para ello, y que no lo usase jamás de sede como decían las cuentas que iba a ser su destino, sino que durante un año fuera utilizado por Microgénesis. En su calidad de redactor de las cuentas debía saber a quién se refería el informe anual de 2009 de SDAE al decir que había un comprador para el edificio que ayudaría a reequilibrar la sociedad, ya en causa de disolución. ¿No sabía que el comprador cuyo nombre no se mencionaba era la propia SGAE, como recoge el registro de la propiedad, que cargaba así a los autores con las hipotecas de su filial antes de liquidarla?
Tampoco se alertó cuando un socio de la SGAE, Luis Cobo Manglis, llamó la atención en la asamblea de 2007 sobre la conexión entre la gestora y Microgénesis. Ramoncín, que deja unos meses después la SGAE, sigue en la filial tecnológica cuyas cuentas, precisamente ese año, mencionan expresamente la relación con Microgénesis. La actuación de Cobo en la asamblea le genera a este una sanción, que le impedirá acudir a ninguna más durante cinco años. Entre las cuatro personas firman esa sanción está Ramoncín.
Ramoncín figura como consejero de SDAE desde 2003. En aquel año, SDAE era la propietaria principal de Portal Latino (otra firma de SGAE que se investiga). El resto (14,76%) estaba en manos de Microgénesis. Ramoncín firma las cuentas de 2004, cuando aún comparte con Microgénesis la propiedad de Portal Latino, y también las de 2005, cuando SDAE figura como única propietaria. Microgénesis desaparece sin más explicación.
Si las cantidades que figuraban en las cuentas de SDAE no llamaron la atención de Ramoncín, tampoco lo hicieron las de Arteria, mucho más cuantiosas. Arteria recibía unos 13 millones al año de Fundación Autor (propiedad 100% de la SGAE). En servicios contratados fuera se le iban unos 10 millones.
¿No sabía Ramoncín cuando defendía con pasión el canon que Fundación Autor y por tanto Arteria se lo gastaban en servicios exteriores?
Nexo Arteria-SDAE
Pese a tener estructuras de funcionamiento y problemas similares, pese a estar presididas ambas por Eduardo Teddy Bautista y pertenecer al grupo de la SGAE, no es fácil encontrar un nombre repetido entre las firmas que dan el visto bueno a las cuentas de SDAE y Arteria, al margen del propio Teddy y del que se dijo que era su delfín, el subdirector general de la SGAE, Pablo Hernández Arroyo, secretario. Ramoncín es el único, junto a Teddy, que aparece en ambas como consejero. En Arteria comparte firma con Rosa León, Inmaculada Serrano, Bernardo Feuerriegel, Albert Guinovart, Soledad Giménez, Cristina Hoyos, Francisco Manuel Ruiz, Juan Ignacio Alonso, Teodomiro Cardalda, Claudio Prieto, Santiago Menéndez-Pidal y con otro de los autores que más se ha significado en la crisis: Víctor Manuel San José Sánchez.
En SDAE, forma parte del consejo de administracuión junto a los imputados José Luis Rodríguez Neri y Enrique Loras, además de Pablo Herrero, Salvador Távora, Teresa Alfonso Segura, Marina Rosell y Bonaventura Pons.
Hay otra conexión entre SDAE y Arteria que pasa por Ramoncín, en 2003. El músico aparece en el listado de “miembros del consejo de administración” de Arteria que han realizado, “por cuenta propia o ajena, actividades de análogo o complementario género del que constituye el objeto social” de la propia Arteria.
Recaudar “mucho y bien”
Cuando en 2007 anuncia su marcha de la SGAE en una entrevista con el programa Autor, Autor, Ramoncín declara: “Podemos apagar ya, podemos convertir SGAE en SDAE en este momento”. El cantante habla también de cómo ha cambiado la SGAE: “Cuando entramos, la sociedad recaudaba poco y mal y hoy recauda mucho y bien. Yo he hecho este trabajo a cambio de nada”.
En conversación telefónica con este periódico, Ramoncín explicó que en los consejos de SDAE y Arteria sí había debate sobre las cuentas, pero que él, como consejero emérito (ocupaba cargo de consejero por haber pertenecido a la junta directiva de SGAE, al igual que Víctor Manuel, aunque este último está solo en Arteria). “Cada vez que se producía un debate, como no estaba en el ajo, firmaba”, porque “si el resto de la gente lo tenía clarísimo, yo pensaba que no podía saber más que esos señores”.
Las cuentas llegaban además con el visto bueno del auditor, eran explicadas por consejeros que pertenecían a las juntas directivas de las sociedades, aprobadas posteriormente por la junta directiva de la SGAE y por la asamblea de socios, explica Ramoncín. Una rutina que les hacía pensar que había suficientes controles. Pero no todos los consejeros lo tenían tan claro, reconoce él mismo. “Algunos se abstenían” y no firmaban, como puede observarse en la información presentada ante el registro. “No porque pensasen que había algo turbio, sino porque consideraban que era mucho gasto”, dice.
Ramoncín nos insta a “preguntar por las cuentas a los 35 miembros, algunos han repetido ahora, de la junta directiva, que las han aprobado durante estos años y ratificado con los socios en las asambleas”. Él asegura: “Siempre me he fiado del trabajo de la administración y, si me han engañado, ya veremos lo que hago”.
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